Un leve descenso pero significativo; un problema enquistado y que se agravó durante la crisis económica pero que parece que poco a poco se va solucionando. El nivel de impago por morosidad soportado por las comunidades de propietarios cayó un 2,32 por ciento en 2015 con respecto al año anterior hasta situarse en 1.812 millones de euros. Es la primera vez que se produce un cambio de tendencia desde 2007, con el inicio de la crisis. Así lo recoge el ‘Estudio Global sobre la morosidad en Comunidades de Propietarios 2015’ que elabora el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) y cuyos resultados se acaban de dar a conocer.

A pesar de este descenso, el informe refleja que casi la mitad de las comunidades de vecinos tienen propietarios que no están al día en el pago de sus cuotas. El informe determina que el 42,87 por ciento de las comunidades tienen propietarios morosos y el porcentaje de comunidades en las que las entidades financieras tienen pagos pendientes se sitúa en el 8,17 por ciento (no toda la deuda está en manos de los ciudadanos, las entidades financieras con inmuebles en su poder también son partícipes de estas cifras). Del estudio también se extrae que el importe medio de la morosidad en cada comunidad de propietarios con este tipo de problemas asciende a 1.377 euros.

Aunque la morosidad bancaria comenzó a disminuir, el informe subraya que el 48,48 por ciento de los inmuebles propiedad de los bancos todavía tiene deudas con las comunidades de propietarios.

Esta situación, alertan los administradores de fincas, puede llegar a afectar al mantenimiento de los edificios, inexistente en ocasiones por falta de dinero. De hecho, el impago de las cuotas conlleva un desequilibrio presupuestario que afecta a la disponibilidad de efectivo de la comunidad, lo que obliga al resto de vecinos a afrontar esa ausencia de fondos.

Por comunidades autónomas

Los mayores descensos se produjeron en Navarra (-4,5 por ciento), Islas Baleares (-3,6 por ciento), Asturias (-2,8 por ciento), Región de Murcia, Galicia, País Vasco, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Extremadura. En el lado opuesto se situaron Cantabria, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde la morosidad se mantuvo igual, mientras que en las que menos descendió fue en Aragón, Canarias, Castilla-León, Castilla La Mancha y Cataluña.

A pesar de la mejora en los datos, los administradores de fincas consideran necesario establecer nuevas herramientas para dar respuesta al problema de la morosidad. “Hemos propuesto una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que haga posible que la afección real (parte de deuda que va vinculada a las fincas) debería ser hasta un total de cinco años, que es el plazo de prescripción normal, para que sea posible que la reclamación se extienda a la parte vencida de la anualidad en curso y los cuatro años anteriores”, subrayan desde el CGCAFE.

Venta de inmuebles con cargas a la comunidad

La venta de inmuebles con cargas pendientes es una fuente de conflicto entre la comunidad de propietarios y el comprador que, en muchas ocasiones, ignora cómo tiene que actuar para conocer si el inmueble que va a adquirir tienen deudas o no con el edificio. En este sentido, desde el CGCAFE también solicitarán que “el certificado de deudas no se limite a la deuda líquida, vencida y exigible, sino que se amplíe a las cuotas ya aprobadas en Juntas de Propietarios y que consten en acta, aunque no fuera todavía en el momento de su solicitud del pago de la deuda vencibles y exigibles”.

El administrador de fincas es el encargado de realizar todos los trámites y formalidades necesarios para hacer una reclamación al propietario moroso. En el caso de aquellas comunidades que no dispongan de administrador de fincas pueden consultar este decálogo que facilitan desde CGCAFE.