La implementación de herramientas que dan acceso a información sobre los impagos en las comunidades de propietarios de viviendas es uno de los principales factores que ha provocado que la morosidad global en España haya disminuido un 8% en el último año alcanzando los 1.665,90 millones de euros, según los datos del ‘Estudio Global sobre la morosidad en Comunidades de Propietarios 2016’ elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE).
Así lo aseguran diferentes profesionales del sector que achacan también este descenso al mejor contexto económico que viven los hogares españoles. “Han surgido aplicaciones que ponen al alcance del propietario información en tiempo real sobre el estado de las cuentas de las comunidades de propietarios y eso hace que los vecinos traten de estar al día de las cuotas para no figurar entre los morosos”, señala un administrador de fincas.
Es el caso de Fynkus, una aplicación móvil impulsada por dos administradores de fincas de Valencia. “La implementación de las nuevas tecnologías en el sector de la administración de fincas nos permite realizar recordatorios a los propietarios de los pagos pendientes y pone al alcance de todos los vecinos información sobre el saldo de las cuentas y la situación de impagos”, explica Jorge Arenas, uno de los fundadores de esta aplicación. La digitalización está ganando cada vez más adeptos entre los administradores de fincas. “Aporta una transparencia total en las cuentas, un valor fundamental que siempre ha generado disputas en comunidades de vecinos”.
A pesar del descenso de la morosidad, desde el CGCAFE aseguran que es necesaria una nueva Ley de Propiedad Horizontal para seguir combatiendo la morosidad en comunidades de propietarios. “Los datos muestran una disminución de lo que se adeuda pero cuatro de cada diez comunidades de propietarios tienen morosos”. La cuantía media que deben soportar por los pagos pendientes asciende a 1.109 euros y el total en España asciende a los 1.665,90 millones de euros (se calcula que en el país hay casi un millón y medio de comunidades de propietarios). “Con este contexto es muy difícil que puedan afrontar la rehabilitación obligatoria que impone la ley y que les conllevaría un importante ahorro energético”, lamentan las mismas fuentes, “o afrontar las medidas que obligan a hacer accesibles los edificios antes del 4 de diciembre de 2017”.